En su presentación ante el Juzgado Segundo de Distrito del ramo penal, proporcionó sus datos y se reservó el derecho a declarar.
LA PAZ, BCS.-El ex gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño fue ingresado, la madrugada de este viernes, en el Cereso de esta ciudad, acusado del presunto delito de peculado en agravio de la administración estatal.
En su presentación ante el Juzgado Segundo de Distrito del ramo penal, proporcionó sus datos y se reservó el derecho a declarar.
Dijo ser originario de San José del Cabo, de ocupación profesionista y con una percepción mensual de 100 mil pesos.
Posteriormente fue retirado de la rejilla de prácticas. El juez deberá resolver su situación jurídica en 72 horas a partir de mediodía de este viernes.
La defensa considera solicitar la ampliación del término constitucional, mientras Agúndez permanecerá en prisión pues el delito es grave y no alcanza fianza.
Por el mismo delito fue presentado Alfredo Porras Domínguez, quien fuera secretario general de Gobierno durante los últimos meses de la gestión de Agúndez, quien gobernó de abril de 2005 a abril de 2011.
Previo a concluir la diligencia, Porras comentó que él, se puso a disposición de las autoridades porque “el que nada debe, nada teme” y consideró la detención de ambos como un asunto político y electoral.
Cuestionado por la prensa, uno de los abogados de los ex funcionarios, Miguel Camacho, sostuvo tener elementos para acreditar la inocencia de sus defendidos.
La denuncia contra el ex gobernador (expulsado del PRD) se presentó en junio de 2011, unos días después de que hiciera públicas sus aspiraciones por contender para algún puesto de elección popular, arropado por el PVEM en las elecciones del 2012.
Según la información que difundió la PGJE, la denuncia contra del ex gobernador y cinco ex funcionarios fue interpuesta por la Dirección de Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de Tierra de la actual administración que encabeza el panista Marcos Covarrubias.
Se les acusó por la presunta venta irregular de terrenos, propiedad del gobierno estatal que se habrían licitado por un monto de 76 millones 200 mil pesos.
Al no cumplir los compradores con el pago, se habrían vendido, en 23 millones 980 mil pesos --un precio inferior al del mercado ordinario-- por lo que se acusó de un presunto agravio al erario estatal de 52 millones 220 mil pesos.
Por los mismos hechos, la PGJE detuvo en diciembre de 2011 al ex secretario de gobierno y ex candidato a gobernador, Luis Armando Díaz, y otros dos funcionarios.
Todos se encuentran actualmente en libertad condicional pues se acreditó sólo su responsabilidad por “incumplimiento de un deber legal”.
El ex gobernador no fue aprehendido porque obtuvo un amparo, no obstante, la Contraloría del estado lo inhabilitó en diciembre, junto con Porras Domínguez, y Garibaldo Romero –ex oficial mayor—imponiendo una multa a los tres por 55 millones de pesos.
En aquel tiempo, la Procuraduría dejó abierta la averiguación para la búsqueda de más involucrados y delitos que resulten.
Cinco meses después, la PGJE ejecutó orden de aprehensión contra Agúndez Montaño por el delito de peculado.
Según la dependencia, los terrenos fueron donados para servicios e infraestructura, por lo que no debían venderse, aunque no aclaró si será procesado por el desfalco del que lo acusó en un principio.
LA PAZ, BCS.-El ex gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño fue ingresado, la madrugada de este viernes, en el Cereso de esta ciudad, acusado del presunto delito de peculado en agravio de la administración estatal.
En su presentación ante el Juzgado Segundo de Distrito del ramo penal, proporcionó sus datos y se reservó el derecho a declarar.
Dijo ser originario de San José del Cabo, de ocupación profesionista y con una percepción mensual de 100 mil pesos.
Posteriormente fue retirado de la rejilla de prácticas. El juez deberá resolver su situación jurídica en 72 horas a partir de mediodía de este viernes.
La defensa considera solicitar la ampliación del término constitucional, mientras Agúndez permanecerá en prisión pues el delito es grave y no alcanza fianza.
Por el mismo delito fue presentado Alfredo Porras Domínguez, quien fuera secretario general de Gobierno durante los últimos meses de la gestión de Agúndez, quien gobernó de abril de 2005 a abril de 2011.
Previo a concluir la diligencia, Porras comentó que él, se puso a disposición de las autoridades porque “el que nada debe, nada teme” y consideró la detención de ambos como un asunto político y electoral.
Cuestionado por la prensa, uno de los abogados de los ex funcionarios, Miguel Camacho, sostuvo tener elementos para acreditar la inocencia de sus defendidos.
La denuncia contra el ex gobernador (expulsado del PRD) se presentó en junio de 2011, unos días después de que hiciera públicas sus aspiraciones por contender para algún puesto de elección popular, arropado por el PVEM en las elecciones del 2012.
Según la información que difundió la PGJE, la denuncia contra del ex gobernador y cinco ex funcionarios fue interpuesta por la Dirección de Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de Tierra de la actual administración que encabeza el panista Marcos Covarrubias.
Se les acusó por la presunta venta irregular de terrenos, propiedad del gobierno estatal que se habrían licitado por un monto de 76 millones 200 mil pesos.
Al no cumplir los compradores con el pago, se habrían vendido, en 23 millones 980 mil pesos --un precio inferior al del mercado ordinario-- por lo que se acusó de un presunto agravio al erario estatal de 52 millones 220 mil pesos.
Por los mismos hechos, la PGJE detuvo en diciembre de 2011 al ex secretario de gobierno y ex candidato a gobernador, Luis Armando Díaz, y otros dos funcionarios.
Todos se encuentran actualmente en libertad condicional pues se acreditó sólo su responsabilidad por “incumplimiento de un deber legal”.
El ex gobernador no fue aprehendido porque obtuvo un amparo, no obstante, la Contraloría del estado lo inhabilitó en diciembre, junto con Porras Domínguez, y Garibaldo Romero –ex oficial mayor—imponiendo una multa a los tres por 55 millones de pesos.
En aquel tiempo, la Procuraduría dejó abierta la averiguación para la búsqueda de más involucrados y delitos que resulten.
Cinco meses después, la PGJE ejecutó orden de aprehensión contra Agúndez Montaño por el delito de peculado.
Según la dependencia, los terrenos fueron donados para servicios e infraestructura, por lo que no debían venderse, aunque no aclaró si será procesado por el desfalco del que lo acusó en un principio.
